Hoy que se encuentran en la mira de la justicia por
lo menos seis exgobernadores: Andrés Granier, de Tabasco; Tomás Yarrington, de
Tamaulipas; Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes; Narciso Agúndez, de Baja
California; Juan José Sabines, de Chiapas, y Marco Antonio Adame, de Morelos, es momento de reflexionar seriamente sobre el cáncer de la corrupción que devora al
país.
Profundas raíces en la época colonial
Con profundas raíces en la Nueva España y abonada sin
descanso después de la Independencia, la corrupción no ha dejado de florecer en
México durante casi cinco siglos, al
margen de ideologías y programas políticos de los distintos partidos que lo han
gobernado.
Sobran pruebas de que la corrupción anidó en el país
durante los 300 años del dominio español. En contraparte, abundan los
testimonios de antiguos cronistas sobre la vocación de honradez en las
sociedades prehispánicas y la severidad con que se castigaba en ellas a los
funcionarios corruptos.
Con alternancia o sin ella, la corrupción avanza
Cuando se descubren casos de corrupción en algún
gobierno, los partidos políticos de oposición aprovechan para criticar a los
gobernantes en turno y al mismo tiempo prometer honestidad, pero luego que estos
partidos ascienden al poder, no hacen otra cosa que solapar las mismas
anomalías que antes combatieron.
De esta manera, la alternancia registrada en diversos
estados de la República demuestra una vez más que la honestidad no es una
cuestión de gobiernos ni de partidos políticos, sino de personas,
independientemente de su ideología, militancia o simpatías partidistas.
Lejos de que la alternancia haya incidido en la
solución del problema, existe la percepción nacional e internacional de que éste
avanza.
Los planes contra la corrupción sólo han servido de
banderas electorales. Entre las medidas planteadas para combatirla destacan aumentar
el sueldo de los empleados públicos, inculcar valores de honradez a los niños,
agilizar la administración pública mediante innovaciones tecnológicas, mejorar
los sistemas de información y quejas y promover la participación ciudadana en
el gobierno, pero nada de esto ha funcionado.
Consecuencias de la corrupción
El problema no sólo tiene consecuencias económicas, debido
al desaliento de las inversiones, sino también políticas y sociales. Un
gobierno notoriamente corrupto pierde imagen y tiende a caer, mientras que una
sociedad acostumbrada a resolver sus problemas por la vía del cohecho, del
embute o la "mordida", difícilmente mejorará sus niveles de bienestar
y justicia, porque sus relaciones estarán viciadas de principio.
La impunidad alienta prácticas corruptas
Importante es advertir que la mayoría de quienes se
involucran en actos de corrupción lo hacen porque sienten que no serán
castigados, es decir, que su falta, si así la consideran, quedará impune para
siempre, porque así han quedado las de otros funcionarios y las de muchos
amigos y conocidos.
Si alguien ve que tal o cual funcionario se
enriqueció de la noche a la mañana en el ejercicio público, y lejos de que
alguien lo llame a cuentas se le ve gozando de prestigio y reconocimiento social,
ese alguien y muchos más querrán hacer lo mismo.
Por ello es necesario reforzar el sistema de
justicia para que no queden impunes los delitos de cualquier tipo, específicamente
los relacionados con el manejo deshonesto de los fondos públicos.
Imagen: Decomiso de billetes en Tabasco (Excélsior).
