Resolver problemas, no sólo esquivarlos

El transporte público, en espera de soluciones.

   La obligación primordial de un gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, es resolver problemas, no sólo esquivarlos. Es cierto que hay y ha habido gobernantes preocupados no sólo por atender los problemas del día, sino también por prevenir los del futuro, pero éstos han sido la excepción y no la regla.

   La inseguridad pública, la movilidad urbana y el abastecimiento de agua potable son tres problemas fundamentales de la Zona Metropolitana de Guadalajara que urge resolver a corto, mediano y largo plazo. A éstos hay que añadir, a nivel de Jalisco y de todo México, el deterioro del medio ambiente, la injusticia, la impunidad y el abandono del campo, por mencionar algunos de los principales rezagos.

Faltan esfuerzos serios contra problemas de fondo

   Hasta el momento, los gobiernos municipales que iniciaron funciones el año pasado, y aún el de Jalisco, que empezó en marzo último, dan la impresión de vivir al día, sin proyecto definido, sin trayectoria anticipada, dedicados sólo a esquivar conflictos, no a resolverlos, es decir, no se aprecian esfuerzos serios para atacar a fondo los males que desde hace décadas aquejan a la sociedad.

   Habrá quienes opinen que es poco tiempo el que llevan las administraciones municipales, y particularmente la estatal, para empezar a exigir resultados, pero si acaso existen, no trascienden ni siquiera proyectos definidos para resolver los problemas de mayor urgencia, lo que significa al menos la pérdida de un tiempo valioso difícilmente recuperable.

   Los ciudadanos que el año pasado cambiaron con su voto los colores del partido gobernante quieren ver, por supuesto, muestras claras de que se atienden con eficacia los problemas del día, pero que al mismo tiempo se combaten los rezagos existentes, que son muchos y graves, y que además se toman medidas para prevenir futuros conflictos.

Oportunidad histórica de gobernar con excelencia

   Los funcionarios que se concretan a esquivar el problema de cada hora, a escapar de él por lo pronto, sin llegar al fondo de la cuestión, lo único que hacen es acumular conflictos sociales, como hicieron muchos de sus antecesores, que además de empeorar la situación que heredaron, se sirvieron de sus cargos para saquear el ya de por sí raquítico erario público.

   Los gobernantes surgidos del Partido Revolucionario Institucional que han vuelto al servicio público, después del castigo temporal que les aplicó la ciudadanía por su mal desempeño, tienen hoy la oportunidad histórica de gobernar con excelencia, demostrando que saben resolver y prevenir problemas de fondo, no sólo atender los asuntos del día.

   Habrá quien diga que para realizar obras de largo alcance se necesitan recursos y que el gobierno carece de presupuesto, ¿pero han ensayado, por ejemplo, sistemas de colaboración con la iniciativa privada para financiar proyectos de alto costo?, ¿o es que faltan cabezas para pensar cómo hacer bien las cosas?

   Imagen: De  https://www.facebook.com/yosoytapatio.

   Artículo relacionado:

http://mediosiglodeperiodista.blogspot.mx/2013/02/lo-que-espero-del-nuevo-gobernador.html

Rodolfo Ocampo, la punta del iceberg

Rodolfo Ocampo Velázquez.

   Un mar de fondo, que dará pie a futuras noticias, es el que existe tras la detención y encarcelamiento del exdirector del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Rodolfo Ocampo Velázquez, acusado de peculado por varios cientos de millones de pesos en la época en que administró este organismo, entre 2008 y 2009.

   Desde que se hicieron del conocimiento público los pormenores de este asunto, la percepción general es que Rodolfo Ocampo es apenas uno de los muchos involucrados en actos de corrupción durante los últimos años en el Estado, sin figurar siquiera en el primer nivel.

¿Por qué no fue llamado a cuentas en su momento?

   Cabe esperar que por lo menos expliquen su extraña conducta quienes lo designaron en dicho cargo y lo dejaron actuar a sus anchas sin jamás llamarlo a cuentas, a pesar de que en su momento se hicieron públicas sus pillerías. Esto, aparte de los cómplices y operadores directos de la malversación, entre quienes hay ya dos prófugos de la justicia.

   Además de los participantes directos e indirectos en el caso SIAPA, los medios de difusión señalan a funcionarios de otras dependencias estatales y municipales de la pasada administración que también pudieron haber incurrido en actos ilícitos, así como a funcionarios y diputados de las dos anteriores legislaturas locales.

Sus amigos lo niegan, igual que San Pedro a Cristo

   Sobre el exdirector del SIAPA, llama la atención que sus amigos, sobre todo aquellos a quienes él apoyó con plazas o privilegios, no han dicho esta boca es mía, ni siquiera han intentado ayudarlo; a lo más que han llegado algunos de ellos es a pedir un juicio justo, o sea, nada que los comprometa. Tal es la condición humana.

   Es más, su propio partido, el de Acción Nacional, tampoco ha hecho esfuerzo alguno por apoyarlo, aunque cobraban en el SIAPA, y aún cobran, muchos de sus recomendados.

El reto de Aristóteles, llegar al fondo

   Por muy político que sea el trasfondo de este asunto (el gobernador Aristóteles Sandoval asegura que es un claro mensaje contra la impunidad), el Gobierno del Estado está obligado a investigar con rigor éste y otros casos de corrupción que son del dominio público; no pueden quedarse sólo en la superficie. El reto de Aristóteles es convencer a la gente de que en realidad busca justicia, no venganzas políticas.

   Imagen: Del sitio https://www.facebook.com/concienciapublica?fref=ts

Ladrones y, para colmo, cínicos

Presumiendo su Ferrari.

   Se atribuye al presidente mexicano Sebastián Lerdo de Tejada (1823-1889) la frase aquélla de que “el poder viene con el dinero y el dinero viene con el poder”, lo que claramente significa que para llegar a gobernar se necesita dinero, pero una vez en el gobierno el dinero llega solo, aún sin buscarlo.

   En la anterior entrega comenté aquí que la corrupción goza en México de una sólida tradición fundada durante la época colonial, pero muy bien abonada y cultivada después de la Independencia, durante el siglo XIX, en el porfiriato y más aún en la Revolución, hasta nuestros días.

Hoy roban y hasta presumen

   Los políticos corruptos casi siempre ostentaron sus mal habidas riquezas, pero da la impresión de que cada día se descaran más. Hoy día un funcionario público no sólo se conforma con robar, sino que lo presume a los cuatro vientos al exhibir lujosas residencias, automóviles, guardarropas y un opulento estilo de vida, imposible de lograr con su sueldo oficial.

   Claro está que hace 30, 40 o 50 años muchos funcionarios también robaron todo lo que pudieron, pero da la impresión de que entonces eran más discretos, más cuidadosos con las formas, por lo menos con la cuestión legal, porque además, al que agarraban in fraganti lo obligaban a renunciar a su cargo, bajo la amenaza, raras veces cumplida, de meterlo a la cárcel.

Hay denuncias precisas, pero no pasa nada

   Actualmente hay denuncias precisas contra funcionarios que durante los últimos años se enriquecieron en el ejercicio del poder, incluso hay seis exgobernadores en capilla (y los que faltan...), pero no pasa nada; difícilmente pisarán la cárcel, porque además les sobra dinero para defenderse con todas las argucias legales habidas y por haber.

   Hay que advertir que si la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo se encuentra hoy tras las rejas, esto no se debe precisamente al desvío de miles de millones de pesos de su sindicato, sino a sus graves errores políticos, entre los que destaca haberse peleado ni más ni menos con quien manda en este país. Pecado capital.

   En conclusión, si en la actualidad hay en México políticos y exfuncionarios que ostentan sus mal habidas riquezas, es porque saben que no les pasa nada.
    ¡Jamás se había visto tanta impunidad!

   Imagen: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/06/05/902574

    Va el enlace del anterior artículo sobre corrupción:

http://mediosiglodeperiodista.blogspot.mx/2013/05/la-corrupcion-cancer-nacional.html

La corrupción, cáncer nacional

   Hoy que se encuentran en la mira de la justicia por lo menos seis exgobernadores: Andrés Granier, de Tabasco; Tomás Yarrington, de Tamaulipas; Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes; Narciso Agúndez, de Baja California; Juan José Sabines, de Chiapas, y Marco Antonio Adame, de Morelos, es momento de reflexionar seriamente sobre el cáncer de la corrupción que devora al país.

Profundas raíces en la época colonial

   Con profundas raíces en la Nueva España y abonada sin descanso después de la Independencia, la corrupción no ha dejado de florecer en México durante casi cinco siglos, al margen de ideologías y programas políticos de los distintos partidos que lo han gobernado.

   Sobran pruebas de que la corrupción anidó en el país durante los 300 años del dominio español. En contraparte, abundan los testimonios de antiguos cronistas sobre la vocación de honradez en las sociedades prehispánicas y la severidad con que se castigaba en ellas a los funcionarios corruptos.

Con alternancia o sin ella, la corrupción avanza

   Cuando se descubren casos de corrupción en algún gobierno, los partidos políticos de oposición aprovechan para criticar a los gobernantes en turno y al mismo tiempo prometer honestidad, pero luego que estos partidos ascienden al poder, no hacen otra cosa que solapar las mismas anomalías que antes combatieron.

   De esta manera, la alternancia registrada en diversos estados de la República demuestra una vez más que la honestidad no es una cuestión de gobiernos ni de partidos políticos, sino de personas, independientemente de su ideología, militancia o simpatías partidistas.

   Lejos de que la alternancia haya incidido en la solución del problema, existe la percepción nacional e internacional de que éste avanza.

   Los planes contra la corrupción sólo han servido de banderas electorales. Entre las medidas planteadas para combatirla destacan aumentar el sueldo de los empleados públicos, inculcar valores de honradez a los niños, agilizar la administración pública mediante innovaciones tecnológicas, mejorar los sistemas de información y quejas y promover la participación ciudadana en el gobierno, pero nada de esto ha funcionado.

Consecuencias de la corrupción

   El problema no sólo tiene consecuencias económicas, debido al desaliento de las inversiones, sino también políticas y sociales. Un gobierno notoriamente corrupto pierde imagen y tiende a caer, mientras que una sociedad acostumbrada a resolver sus problemas por la vía del cohecho, del embute o la "mordida", difícilmente mejorará sus niveles de bienestar y justicia, porque sus relaciones estarán viciadas de principio.

La impunidad alienta prácticas corruptas

   Importante es advertir que la mayoría de quienes se involucran en actos de corrupción lo hacen porque sienten que no serán castigados, es decir, que su falta, si así la consideran, quedará impune para siempre, porque así han quedado las de otros funcionarios y las de muchos amigos y conocidos.

   Si alguien ve que tal o cual funcionario se enriqueció de la noche a la mañana en el ejercicio público, y lejos de que alguien lo llame a cuentas se le ve gozando de prestigio y reconocimiento social, ese alguien y muchos más querrán hacer lo mismo.

   Por ello es necesario reforzar el sistema de justicia para que no queden impunes los delitos de cualquier tipo, específicamente los relacionados con el manejo deshonesto de los fondos públicos.

   Imagen: Decomiso de billetes en Tabasco (Excélsior).

Huejuquilla El Alto, donde Jalisco empieza

Panorámica de Huejuquilla El Alto.

   Aristóteles Sandoval Díaz inicia este viernes primero de marzo sus actividades como gobernador del Estado con una visita a Huejuquilla El Alto, en el extremo Norte de Jalisco, a 337 kilómetros de Guadalajara, con una población de ocho mil habitantes dedicados en su mayoría a la agricultura, la ganadería y los servicios.

   Ha sido costumbre de gobernantes iniciar sus labores al frente del Estado, e incluso sus campañas electorales, en alguno de los sitios más apartados de la Entidad, buscando con ello enviar un mensaje a los jaliscienses en el sentido de que les preocupa la atención a las comunidades más necesitadas de apoyo.

   Huejuquilla es ciertamente uno de los municipios más marginados tanto en obras como en acciones de gobierno, principalmente en materia de seguridad, salud, educación y comunicaciones. Esto a pesar de su destacada contribución al movimiento revolucionario de 1910.

   Fue en diciembre de 1912 cuando este pueblo defendió heroicamente al gobierno de Madero contra los rebeldes orozquistas, en aquella histórica batalla que tan bien describe el no menos famoso corrido Adiós Huejuquilla.

Anécdota de Enrique Álvarez del Castillo

   Por los años 80 del siglo pasado, el gobernador Enrique Álvarez del Castillo visitó esta población, cuando para llegar a ella había que hacer un recorrido de ocho horas por malos caminos, dando la vuelta por Fresnillo, Zac.

   Durante la recepción popular que le ofrecieron en la plaza principal, uno de los vecinos le dijo: Señor gobernador, ha llegado usted a Huejuquilla, donde termina Jalisco.

   -Está usted en un error- respondió el gobernador-, aquí no termina Jalisco, ¡aquí empieza!

   Acto seguido, don Enrique afirmó que Jalisco tenía una deuda histórica con Huejuquilla que era necesario pagar. En efecto, una de las principales obras del entonces gobernador fue la carretera Guadalajara-Colotlán, que permitió llegar a Huejuquilla por la vía Monte Escobedo-Mezquitic, no en ocho horas como en aquellos días, sino en cinco.

   Imagen: De la página Huejuquilla el Alto en Facebook.

Lo que espero del nuevo gobernador

Aristóteles Sandoval Díaz.

   Este viernes uno de marzo el abogado Jorge Aristóteles Sandoval Díaz asumirá el cargo de gobernador constitucional del Estado de Jalisco para el período 2013-2018, en un ambiente que invita a rectificar el rumbo y hacer un parteaguas con la administración que entrega el contador Emilio González Márquez, a fin de mejorar las condiciones políticas, económicas y sociales de la entidad.

   Como ciudadano que ha venido observando desde hace décadas la relación entre el desarrollo de Jalisco y sus gobernantes, me gustaría que el nuevo gobernador tomara en cuenta tres puntos básicos:

   Primero: Avocarse de inmediato a la solución de problemas urgentes que han sido descuidados o abandonados por los últimos gobiernos en las áreas de seguridad pública, agua potable, movilidad urbana, medio ambiente, justicia y transparencia, entre otros, sin dejar de prever la satisfacción de futuras necesidades.

   Segundo: Rodearse del mejor equipo de colaboradores en función de su capacidad, responsabilidad y honradez, y no por presión de amistades, compadrazgos y compromisos políticos, ya que un gobierno fuerte sólo puede hacerlo un buen equipo. Asimismo, como nada es seguro en este campo, que sobre la marcha sustituya a quienes fallen en el cumplimiento de su deber.

   Tercero: Que el nuevo gobernador esté consciente tanto de los éxitos como de los fracasos de sus antecesores, con el ánimo de, en su estilo personal, imitar aciertos y evitar errores. Desde Prisciliano Sánchez hasta nuestros días, Jalisco ha tenido buenos, malos y pésimos gobernantes, y como tales fueron identificados en su momento por la opinión pública.

   Aristóteles Sandoval puede pasar a la historia como uno de los mejores gobernadores de Jalisco si acierta a manejarse con prudencia y sabiduría. Además, está obligado a ello no sólo como joven político que aspira a continuar su exitosa carrera, sino también por conveniencia de su partido, el PRI, al que los electores jaliscienses, tras el fracaso del PAN, han dado una segunda y quizás última oportunidad histórica.

   Veremos sobre la marcha si éstos que parecen sueños, se cumplen.

   Imagen: De la página Soy Pri en Facebook.

Juicios orales en Jalisco

Juicios orales. Imagen: El Siglo de Torreón.

El nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, agilizará los preparativos para establecer en Jalisco el sistema de juicios orales, que ya funciona en otros estados de la República, a fin de mejorar la transparencia de la justicia y abatir los costos de su administración.

¿Qué avances se tienen para la implantación del nuevo sistema? Gracias a los cursos de capacitación y a una maestría sobre juicios orales realizados en los últimos años, se cuenta ya con los primeros abogados certificados para estas tareas, además de que se podrá aprovechar el tercer piso de la nueva Ciudad Judicial, a punto de terminarse, para instalar las oficinas correspondientes.

Aunque restan todavía cuatro años del plazo fijado por el decreto presidencial para que los juicios orales operen en el país, es posible acelerar en Jalisco este proceso si se dispone a la mayor brevedad de los recursos presupuestales necesarios.

El presidente del STJE dialogará con los miembros de la nueva Legislatura local y con el gobernador electo, Aristóteles Sandoval, para tratar de destrabar la cuestión presupuestal y apresurar con ello la implantación del sistema antes del plazo fijado por el decreto presidencial.

A nivel nacional se requerirán 25 mil millones de pesos para arrancar el programa, un presupuesto que se antoja elevado, pero sin duda necesario, ya que detrás de cada juez se necesitará todo un aparato burocrático que trabaje las sentencias.

La idea en Jalisco es empezar por los delitos de menor impacto, como robos sencillos y estupros, para luego avanzar en los demás hasta cubrir la totalidad.

“Nuestro sistema”, asegura el presidente del STJE, “no será una copia pirata, sino adaptada a nuestras necesidades jurídicas, cultura, educación y posibilidades”. No puede esperarse otra cosa, siendo Jalisco un Estado donde tradicionalmente han florecido notables juristas.

Bienvenidos, pues, los juicios orales, que si bien no tienen como objetivo básico la agilización de la justicia, que buena falta le hace, sí el de transparentarla, ya que estos juicios serán a la vista de todos, cosa que no ocurre en los escritos. ¡Ésa es la gran diferencia!

La deuda de Jalisco o el costo del despilfarro

Emilio González Márquez, gobernador de Jalisco (Fotografía: Héctor Hernández).

Emilio González Márquez entregará en seis semanas el Gobierno del Estado con una deuda de 16 mil 609 millones de pesos. Hace seis años, cuando tomó posesión, la deuda ascendía a 4 cuatro mil 609 millones, lo que quiere decir que la entregará triplicada, habiendo endeudado al gobierno a un ritmo de casi dos mil millones de pesos anuales.

Lo peor del caso es que esta deuda la hemos de pagar todos los jaliscienses, porque de otra manera, como ocurre con cualquier individuo o empresa que no cumple sus compromisos financieros, pues simplemente no le vuelven a prestar, exponiéndose además a que le cobren a lo “chino”, con el consecuente desprestigio, etcétera.

Ahora es cuando adquiere mayor significado aquella pública “mentada” del  gobernador a quienes le advertían sobre posibles excesos en el gasto público, lo que quiere decir que el pueblo difícilmente se equivoca; quienes se equivocan a menudo son los gobernantes que carecen de la sensibilidad necesaria para interpretar con la debida oportunidad los mensajes de sus gobernados.

Todos los jaliscienses, incluyendo a quienes entonces lo alabaron, habremos de sufrir ahora las consecuencias del despilfarro, porque para pagar tan monstruosa deuda, no hay más remedio que ajustarse el cinturón, privándonos de cosas tan necesarias como son escuelas, hospitales, caminos, presas, redes de agua potable y tantas otras obras y acciones que requieren los pueblos para su bienestar y progreso.

Ojalá que esta lamentable experiencia sirva a los nuevos gobernantes, que están a punto de asumir sus cargos, para ejercer con el mayor escrúpulo el gasto público, aparte de que están obligados a investigar a fondo posibles malversaciones y rescatar hasta donde sea factible algún recurso de lo que ya se considera perdido, porque recuérdese que no sólo está en quiebra financiera el Gobierno del Estado, sino también el Poder Legislativo, donde hay cuentas por aclarar, así como muchos ayuntamientos.

Las leyes son para cumplirse

¿Cómo está eso de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no ejerció en 2012 los 10 millones de pesos correspondientes al Seguro del Desempleo, a pesar de que el Congreso del Estado aprobó ese recurso en el Presupuesto de Egresos y de que la propia dependencia publicó en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco las reglas de operación de ese concepto, con lo cual se dejó de beneficiar a desempleados y empresas que recortaron personal en ese año?

El secretario del Trabajo, Ernesto Espinosa Guarro, había dicho que no se pudieron ejercer estos recursos porque el Congreso no hizo las reglas de operación, pero luego se comprobó que éstas sí fueron publicadas el 4 de febrero del año pasado. Y luego el funcionario, al admitir que sí se publicaron dichas reglas, argumentó que “finalmente, ante el estudio detallado no encontramos sustento en los objetivos del mismo presupuesto autorizado por el Congreso” (El Informador. 3/1/13).

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la población desempleada al tercer trimestre de 2012 fue de 189 mil 718 personas. Sin embargo, los interesados no pudieron acceder al apoyo, que preveía entregarles mil 500 pesos mensuales por un lapso de uno a tres meses.

Si leyes como ésta, debidamente aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo, no se aplican, ¿entonces para qué se hicieron?, ¿para que se adornara quién? No señores, las leyes son para cumplirse, no para lucimiento de nadie. 

Ahora todos se van a lavar las manos, como Pilatos, y aquí no ha pasado nada, como ha sucedido siempre que la autoridad incumple la ley. En un Estado de Derecho es el gobierno el que debe poner el ejemplo de respeto a la normatividad, pero si éste no lo hace, ¿qué se puede esperar?

¡Qué lamentable!

Da lástima y vergüenza el Congreso de Jalisco

Mural a la entrada del recinto legislativo del Congreso del Estado. 

Sin precedente histórico la corrupción y el desprestigio del Congreso del Estado de Jalisco, convertido durante las dos últimas legislaturas en botín de gandallas. Tal es el desorden imperante que los nuevos diputados no hallan la manera de corregirlo y seguramente no la encontrarán si, igual que sus antecesores, continúan siendo incondicionales de sus respectivos partidos y no de la gente que los eligió en las urnas.

Lo que sucede en el Congreso local no es más que una muestra del ruinoso estado en que se encuentra la moral pública en México.

Entre las muchas definiciones de moral pública, todas ellas coincidentes, figura la siguiente: Conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible tanto a la comunidad como a cada uno de sus miembros el logro más fácil de su propia perfección.

A través de su historia, México ha tenido notables altibajos en su moral pública. Los niveles más altos se alcanzaron obviamente en las épocas correspondientes a los tres grandes movimientos sociales que dieron perfil a la nación: Independencia en 1810, Reforma en 1857 y Revolución en 1910.

En este momento nuestro país atraviesa por uno de sus más bajos niveles de moral pública de su historia, ¿por qué?, porque no hay congruencia entre lo que postulan los políticos y lo que en realidad hacen, todo lo contrario a lo que ocurría en las épocas de referencia.

Hay un abismo entre los lemas de los partidos políticos del país y lo que éstos ejecutan a través de los congresos federal y locales, en los ayuntamientos y en otras muchas esferas del gobierno, donde impera la corrupción, la injusticia y la impunidad.

En el caso del PRI, su lema es “Democracia y justicia social”, ¿pero sus legisladores en México y en Jalisco han sido realmente respetuosos de este principio al aprobar una Reforma Laboral contraria a la transparencia y democracia sindical, además de mantener hundido en la peor corrupción de su historia al Congreso del Estado?

A su vez, el PAN dice luchar “Por una patria ordenada y generosa”, ¿pero deveras creen los legisladores panistas federales y locales que han promovido el orden y progreso de la República con su voluble actuación en las Cámaras y la pasividad demostrada ante graves casos de corrupción e ineficiencia en distintas dependencias?

Por su parte, el PRD postula “Democracia ya, patria para todos”. Si bien sus legisladores respaldaron la iniciativa de democracia sindical en el Congreso federal, ¿qué han hecho para dignificar el Congreso de Jalisco?, ¿no son acaso promotores y cómplices del beneficio personal que ahí impera?, ¿a eso le llaman patria para todos?

Flota en el ambiente la urgencia de una nueva revolución, una revolución moral que genere cambios fundamentales en la vida pública, donde la democracia sea efectiva en todos los ámbitos, que en realidad impere la justicia y el orden y que la patria sea verdaderamente generosa para todos, no sólo para unos cuantos gandallas.

Peña Nieto y la esperanza renovada

                   Enrique Peña Nieto, presidente de México.

Cada seis años  los mexicanos depositan sus esperanzas de mejoras económicas y sociales en el nuevo Presidente de la República. Enrique Peña Nieto, recién ungido como primer mandatario para el sexenio 2012-2018,  no es la excepción de la regla. La mayoría de mexicanos, incluso muchos de quienes no votaron por él, confían en que su gobierno aliviará los grandes problemas nacionales.

Hubo grupos minoritarios que, inconformes con la elección, se manifestaron violentamente contra el nuevo régimen. En cualquier sistema democrático la inconformidad es bienvenida porque permite ir corrigiendo posibles errores en las acciones de gobierno. Toda oposición encauzada dentro de la ley no sólo es tolerable, sino deseable. Sin embargo, cuando se traduce en actos vandálicos, no sirve para nada.

Peña Nieto ha venido a alimentar la esperanza de bienestar nacional en cinco ejes fundamentales que tienen que ver, el primero, con la seguridad pública, un problema sumamente grave que no se había manifestado con tanta virulencia desde tiempos de la Revolución, hace más de 80 años. Decenas de miles de muertos, entre ellos muchos inocentes, han pagado las consecuencias de este dramático ambiente.

Algo que llama la atención en la nueva política de seguridad de Peña Nieto es que, a diferencia de su antecesor, no busca frenar la violencia con la violencia misma, sino con inteligencia, procurando desactivar los conflictos antes de que hagan crisis. Ésta es la función fundamental de los políticos, no solamente mexicanos, sino de todo el mundo: prevenir, es decir, resolver los problemas antes de que se vuelvan incontrolables.

El segundo eje de su programa es combatir la desigualdad social, la pobreza y el hambre, apoyando con recursos económicos, pero también con leyes, a quienes menos tienen.

El tercer eje gira sobre la educación de calidad, indispensable para brindar oportunidades de capacitación a los jóvenes que tienen todo el derecho de ganarse honradamente la vida.

Seguido del anterior viene el cuarto punto, que es el fomento a la inversión privada para crear fuentes de trabajo, impulsando, por ejemplo, las obras de infraestructura en transportes que permitan la instalación y operación de nuevos negocios.

Finalmente, algo también importante, la recuperación del prestigio  de México en el exterior. Recuérdese que en el pasado, México fue llamado  “hermano mayor” entre los países latinoamericanos, honroso título que se perdió en los últimos lustros debido a los repetidos desatinos del gobierno.

Todo parece estar bien: un nuevo gobierno decidido a reasumir el rumbo correcto y una inmensa mayoría de mexicanos que confía en la realización de este programa. Lo único que yo agregaría es no caer en el error de que el Presidente lo puede todo, porque ni es Dios ni están dadas las condiciones para que maneje a su antojo la política nacional como lo hicieron sus correligionarios que lo antecedieron en la Presidencia. Ahora sí es labor de todos los mexicanos lograr que el Presidente tenga éxito, y si él lo tiene, seguramente lo tendrá el país.

El ABC de la transparencia

  Guillermo Muñoz Franco.

Con la Feria Internacional del Libro, Guadalajara se ha convertido en estos días en la capital de los libros. Uno de ellos es La transparencia como una forma de vida, escrito por el doctor en Ciencias Políticas y Sociología, Guillermo Muñoz Franco,  consejero fundador del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco.

La transparencia es un tema relativamente novedoso en nuestro medio, ya que la ley que la regula en Jalisco data de apenas siete años, y la mayoría de la gente ignora sus aplicaciones y beneficios.

La propia ley define la transparencia como “el conjunto de disposiciones y actos mediante los cuales los sujetos obligados tienen el deber de poner a disposición de las personas solicitantes la información pública que poseen y la toma de decisiones de acuerdo con su competencia, así como las acciones en el ejercicio de sus funciones”.

La transparencia como una forma de vida es un breve manual de 160 páginas escrito en forma sencilla, comprensible para la mayoría de los lectores, que trata precisamente de los antecedentes históricos de la transparencia, sus conceptos y su marco legal, a la vez que destaca el derecho de acceso a la información.

El doctor Muñoz Franco aborda en este documento los diversos ámbitos de la transparencia: el sector público, el medio ambiente, la iniciativa privada, la vida cotidiana, la educación, el deporte, la participación ciudadana y la protección de datos personales y archivos.

De gran actualidad es el capítulo relativo a los riesgos de las redes sociales y virtuales, como la suplantación de identidad que consiste en apoderarse del perfil, de la cuenta de una persona en la red social, y meter en ella información que la pueda comprometer.

En este libro el servidor público, el empresario, el estudiante, el trabajador y el ciudadano en general puede encontrar puntual respuesta a sus inquietudes sobre el tema.

El objetivo, dice el autor, es “incrementar el número de lectores y seguidores activos preocupados e interesados en los asuntos públicos, que conozcan más sobre el derecho a la información y sean parte activa y actuante del acontecer cotidiano  de nuestro estado y nuestro país”.

Si el apreciable lector desea mayor información sobre este volumen, editado por Zahorí Editores, bajo el cuidado de Lorenzo Figueroa,  puede comunicarse con su autor a esta dirección:

guillermo_mf@yahoo.com.mx

Corrupción e impunidad en Jalisco

“En Jalisco tenemos mal gobierno, pésima administración y  numerosos casos de corrupción”, afirmó el jurista Carlos Alfredo Sepúlveda Valle al presentar anoche su trabajo de ingreso a la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de Jalisco.

En el Congreso del Estado –dijo- ni siquiera conocen el número de empleados que cobran, se estima que son más de 1,400 ¡36 empleados por diputado! Desde hace meses se están endeudando para pagar la nómina, y hoy existen cientos de empleados sin poder cobrar.

La quiebra financiera y moral del Congreso se dio en el 2009, año en que gastaron 1,103 millones de pesos, ¡más de tres millones de pesos diarios! Nadie fue responsable, nadie fue sancionado y nadie corrigió esos excesos.

En los últimos cinco años el Congreso no pagó 343 millones de pesos de Impuesto Sobre la Renta, sin embargo, para recuperar impuestos pagados en exceso contrataron un despacho jurídico que no obtuvo ningún retorno, aún así reconocen un adeudo por 91.3 millones de pesos por conceptos de honorarios (el despacho hizo una quita y “sólo” exige 58 millones).  A esta deuda se agregan pasivos por más de 300 millones con el SAT, Pensiones del Estado, Seguro Social, Sindicato de Profesores de la Universidad de Guadalajara, proveedores y trabajadores.

Por si eso no fuera suficiente –prosiguió Sepúlveda- el Congreso es parte en 1,054 juicios de amparo, 326 juicios administrativos, 280 juicios laborales, 13 denuncias penales, 17 controversias constitucionales y 3 acciones de inconstitucionalidad.

La permanencia del Auditor del Estado –apuntó- es una muestra perfecta de la debilidad de las organizaciones intermedias, de la apatía de la sociedad, de la complicidad de los principales actores políticos y de la ineficacia de los sistemas de control gubernamental.

En su trabajo titulado "Ética pública", Sepúlveda Valle señaló que la relación entre los poderes del Estado es calamitosa. No existe colaboración, respeto, honestidad, verdad, ni interés por el bien común. Ha habido abusos, chantajes, malos tratos, negociaciones espurias y muchas conductas inadecuadas. Ha faltado lealtad a la Constitución, liderazgo moral, capacidad política, responsabilidad social y una conducta ética elemental entre todos los actores. 

De igual manera, la justicia en Jalisco sigue siendo de mala calidad, lenta y costosa para todos, en tanto que la situación de las administraciones municipales es dramática, con déficits presupuestales, sobreendeudamiento, exceso de personal, nóminas crecientes,  carencia de recursos y una ineficiencia crónica para construir obras de infraestructura y mejorar la calidad de los servicios públicos, a lo que se suma una ola de corrupción creciente e imparable.

Sólo 40 de los 125 ayuntamientos (uno de cada tres) tendría recursos para pagar los aguinaldos de este año.  La deuda pública municipal es agobiante y se le ha puesto poca atención. Jalisco es el Estado con mayor deuda municipal en toda la República.

La evaluación definitiva del actual gobierno estatal –observó-,  se podrá hacer en unos meses más. “Por ahora sólo es suficiente decir que dejará un Estado frágil en lo político, débil en lo institucional, huérfano en lo moral y endeble en lo financiero. El Ejecutivo ha gastado mucho y mal. Es verdad que Jalisco no es Coahuila, pero la deuda estatal se incrementó un 300% más en este sexenio.  ¿Hasta dónde es ético   –y útil- que el gobierno gaste 250 millones de pesos anuales en publicidad gubernamental?”, preguntó. 

En Jalisco –concluyó Sepúlveda Valle- se han incrustado en el servicio público, cada vez más y en mayor medida, personas ineptas, mediocres, voraces por el poder y hambrientos por el dinero, “pero no todo es culpa del gobierno, los  problemas de corrupción e ineficiencia existen en buena medida porque la sociedad es tolerante, apática e  irresponsable”.

¡Sin comentarios!

La nueva ley laboral, ¿buena o mala?

La Reforma Laboral recién aprobada por la Cámara de Diputados y que aún está sujeta a “perfeccionamientos”, según afirman senadores,  puede resultar buena o mala, según los diferentes puntos de vista no sólo políticos, sino en relación a sus funciones estrictamente económicas y sociales, que es lo que en esencia interesa.

Yo partiría de tres preguntas fundamentales para saber con seguridad si la nueva ley laboral es justa o injusta, positiva o negativa,  para el pueblo de México:

1.- ¿Fomenta la inversión para crear nuevos empleos?

2.- ¿Salvaguarda los derechos de los trabajadores?

3.- ¿Promueve la democracia y la transparencia sindical?

Obviamente, los promotores de la ley, incluyendo al actual Presidente de la República, al PRI (centro) y al PAN (derecha) aseguran que el nuevo ordenamiento garantiza los tres puntos. Si esto es verdad, la ley es buena.

Sin embargo, hay sectores de la izquierda mexicana, que si bien están de acuerdo en el primer punto, es decir, en el fomento a la inversión, cuestionan que los derechos del trabajador y la democracia sindical no estén debidamente garantizados.

Aún cuando en las próximas semanas se apruebe esta ley, la discusión sobre su impacto económico y social se mantendrá por mucho tiempo, porque en ella se involucran cuestiones políticas e ideológicas, es decir, la lucha por el poder, que dicho sea de paso, jamás termina.

En estas circunstancias, una calificación certera puede tardar, porque ante todo hay que ver resultados.

Por lo pronto, puedo adelantar una opinión: Me gusta que la ley promueva la inversión, porque esto es indispensable para crear nuevos empleos y combatir la pobreza, pero me preocupan los derechos del trabajador, porque son conquistas históricas que costaron muchas vidas, entre ellas las de un millón de compatriotas durante la Revolución, y respecto al tercer punto me parece injusto y hasta peligroso que camarillas de líderes sindicales tengan hasta el descaro de dictar políticas nacionales que corresponden única y exclusivamente al Gobierno de la República, como es el caso de la educación.