El ABC de la transparencia

  Guillermo Muñoz Franco.

Con la Feria Internacional del Libro, Guadalajara se ha convertido en estos días en la capital de los libros. Uno de ellos es La transparencia como una forma de vida, escrito por el doctor en Ciencias Políticas y Sociología, Guillermo Muñoz Franco,  consejero fundador del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco.

La transparencia es un tema relativamente novedoso en nuestro medio, ya que la ley que la regula en Jalisco data de apenas siete años, y la mayoría de la gente ignora sus aplicaciones y beneficios.

La propia ley define la transparencia como “el conjunto de disposiciones y actos mediante los cuales los sujetos obligados tienen el deber de poner a disposición de las personas solicitantes la información pública que poseen y la toma de decisiones de acuerdo con su competencia, así como las acciones en el ejercicio de sus funciones”.

La transparencia como una forma de vida es un breve manual de 160 páginas escrito en forma sencilla, comprensible para la mayoría de los lectores, que trata precisamente de los antecedentes históricos de la transparencia, sus conceptos y su marco legal, a la vez que destaca el derecho de acceso a la información.

El doctor Muñoz Franco aborda en este documento los diversos ámbitos de la transparencia: el sector público, el medio ambiente, la iniciativa privada, la vida cotidiana, la educación, el deporte, la participación ciudadana y la protección de datos personales y archivos.

De gran actualidad es el capítulo relativo a los riesgos de las redes sociales y virtuales, como la suplantación de identidad que consiste en apoderarse del perfil, de la cuenta de una persona en la red social, y meter en ella información que la pueda comprometer.

En este libro el servidor público, el empresario, el estudiante, el trabajador y el ciudadano en general puede encontrar puntual respuesta a sus inquietudes sobre el tema.

El objetivo, dice el autor, es “incrementar el número de lectores y seguidores activos preocupados e interesados en los asuntos públicos, que conozcan más sobre el derecho a la información y sean parte activa y actuante del acontecer cotidiano  de nuestro estado y nuestro país”.

Si el apreciable lector desea mayor información sobre este volumen, editado por Zahorí Editores, bajo el cuidado de Lorenzo Figueroa,  puede comunicarse con su autor a esta dirección:

guillermo_mf@yahoo.com.mx

Sin iniciativa la Iniciativa Privada de Jalisco

Todo indica que la llamada Iniciativa Privada de Jalisco se ha quedado sin iniciativa. Esto se refleja claramente en el número de empresas jaliscienses que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, que son apenas siete contra 17 de Monterrey (seis de las cuales ingresaron recientemente al mercado bursátil).

Esto ocurre en Jalisco, a pesar de las evidentes ventajas que representa la participación en la Bolsa: Facilidad de financiamiento, mayor liquidez, profesionalización de la administración de la empresa, mejora de la imagen y prestigio, diversificación del riesgo entre los poseedores de las acciones, y por ende, mayor oportunidad de crecimiento, entre las principales.

Grupo de Embotelladores Unidos (Geopec), Grupo Simec, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), Corporativo Fragua, Megacable Holdings (Mega), Convertidora Industrial (Conver) e Hilasal Mexicana (Hilasal) son las empresas de Jalisco que hasta ahora participan en el mercado accionario.

Los activos de estas siete compañías suman 113 mil 148 millones de pesos, que representan 2.55 por ciento del total de los activos de las 104 emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores.

Resalta, sin embargo, su alta contribución en la generación de empleos, ya que durante el segundo semestre del año pasado y el primero del presente, crearon cuatro mil 800 nuevos puestos de trabajo, destacando en este rubro Farmacias Guadalajara y Megacable.

La primera empresa jalisciense colocada en el mercado bursátil fue Geopec, el 9 de septiembre de 1985, en tanto que la más reciente, GAP, ingresó el 11 de julio de 2007.

En el pasado hubo varios intentos de empresas jaliscienses que buscaron financiamiento por este conducto, como fue el caso de Calzado Canadá y del Grupo Urrea, pero nunca se decidieron a cotizar.

Claro está que no es tan sencillo el paso de una empresa particular y familiar a una pública; las que lo han logrado ha sido a través de un proceso prolongado y difícil, ya que para ello se requiere, aparte de una alta cultura empresarial, romper atavismos y transparentar la administración del negocio, no a la manera del dueño, sino como solicita la Bolsa.

Lo curioso es que ni siquiera la reciente formalización de operaciones del mercado accionario para la Mediana Empresa Mexicana, que abre nuevas oportunidades de ingreso a la Bolsa para las medianas compañías, ha sido estímulo suficiente para que los jaliscienses se animen a modernizar sus negocios. No cabe duda que la baja moral que domina al sector público ha contaminado también al privado.

Transporte urbano, ¡Ya basta de simulaciones!

             Ante la emergencia, la gente se transporta en patrullas de policía.

Hace más de tres décadas que se encuentra en crisis el sistema de transporte urbano de Guadalajara, la segunda ciudad más importante de México, y ningún gobierno, panista o priísta, ha podido ni ha querido resolver el problema de fondo. Los paros camioneros, como el ocurrido el lunes, están a la orden del día, en perjuicio de toda la ciudad. ¿Y las autoridades? Bien, gracias.

La cuestión no es tan complicada: los concesionarios del transporte hacen paros del servicio porque el Gobierno les regatea aumentos en los precios del pasaje. Esto sucede sistemáticamente desde hace más de 30 años, ya que por una parte los transportistas quieren aumentar sus utilidades, y por la otra, el Gobierno pretende defender el interés público resistiéndose al aumento, cuando en realidad también lo busca.

Mientras tanto, en estos 30 años los sucesivos gobiernos no han hecho otra cosa que experimentar con diversos sistemas para mejorar el transporte urbano, como fue el caso de los trolebuses en los años 70 y del Tren Ligero en los 80 y 90, pasando por la creación y operación de empresas públicas, microbuses, macrobuses, choribuses, etcétera. Todo, menos un plan de largo plazo para crear un transporte masivo, económico y eficiente.

Pero tampoco la iniciativa privada, en este caso muy falta de iniciativa, ha hecho propuestas concretas, con aportaciones financieras, para crear el sistema de transporte masivo que la ciudad reclama. Los empresarios involucrados en esta rama, muchos de ellos políticos, se conforman con las utilidades que les rinden sus diez, 20 o 50 camiones, con frecuencia destartalados, pura chatarra, y ni siquiera imaginan la posibilidad de formar una sociedad con el Gobierno para modernizar el servicio.

Fue en los años 20 del siglo pasado cuando empezó a estructurarse el actual sistema de transporte urbano de Guadalajara, a la sombra de líderes que ya murieron y que incluso se encuentran en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, como lo es Heliodoro Hernández Loza. En otras palabras, ya vamos para un siglo soportando este anacrónico sistema, con el consabido jueguito de “si no me aumentas la tarifa, te hago un paro”, y tras el paro, viene el obligado aumento. ¿Cuánto tiempo más aguantarán los tapatíos estas simulaciones?

Comercio informal, cuestión de orden

El problema del comercio informal en Guadalajara es ciertamente complejo, pero se le han dado demasiadas vueltas, sin llegar al fondo de las cosas. Lo cierto es que ningún gobierno municipal ha sabido resolverlo, y por lo contrario, crece desmesuradamente desde hace décadas.

Es necesario atacar desde luego los problemas estructurales que provocan la informalidad comercial, pero como esto sólo funciona a largo plazo, se requieren soluciones a corto y mediano plazo, que por lo menos frenen o alivien el desorden existente.

Empecemos por recordar las causas fundamentales del comercio informal:

La primera es la falta de oportunidades de empleo en el sector formal, con un salario remunerador y buenas condiciones de trabajo, sobre todo para los jóvenes.

La segunda es la complejidad de los trámites burocráticos para abrir una empresa y sus elevados costos, de suerte que los pequeños emprendedores se ven obligados a generar su propio empleo en la informalidad.

La tercera tiene que ver con el bajo poder adquisitivo de la población y sus magros ingresos laborales, de manera que muchos consumidores se ven también obligados a adquirir sus artículos de primera necesidad en el comercio informal.

El cuarto factor se relaciona con la debilidad del Estado de derecho en México, acentuada por la impunidad, la corrupción y la complicidad de las autoridades en la aplicación de las leyes que rigen, en este caso, la actividad comercial.

El problema, como puede advertirse, no es sencillo, pero tampoco insoluble. Lo grave es que si se pretende resolver por medios violentos, como en ocasiones se ha intentado, haciendo uso de la fuerza pública para desalojar a los comerciantes ambulantes de determinados lugares, pueden generarse conflictos sociales y políticos, porque el comercio informal representa en los hechos una válvula de escape que previene la ingobernabilidad. De esto se han aprovechado líderes y políticos que explotan la necesidad de los pequeños emprendedores ofreciéndoles protección a cambio de dinero y de votos.

Lo cierto es que la gente tiene derecho a ganarse la vida, y si no puede hacerlo por los medios formales, no le queda más remedio que recurrir a la informalidad.

Ante cualquier circunstancia la autoridad está obligada a mantener el orden público, y si los comerciantes informales se instalan en cualquier lugar en busca de clientes, afectando con ello derechos de terceros, es necesario reubicarlos, ¿pero en dónde?

En este caso, como principio de orden, hay que cambiar la idea de que el comerciante tiene que ir necesariamente en busca del cliente, es decir, al Centro Histórico, la zona de Obregón, la Avenida Chapultepec, etcétera. Lo importante es que el cliente vaya a donde está instalado el comerciante. Para ello los gobiernos municipales deben reubicar a los tianguistas en áreas especiales dotadas de los necesarios servicios públicos, con toda la promoción y el apoyo necesario para el éxito de sus negocios.