martes, 29 de enero de 2013

Juicios orales en Jalisco


Juicios orales. Imagen: El Siglo de Torreón.

El nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, agilizará los preparativos para establecer en Jalisco el sistema de juicios orales, que ya funciona en otros estados de la República, a fin de mejorar la transparencia de la justicia y abatir los costos de su administración.
¿Qué avances se tienen para la implantación del nuevo sistema? Gracias a los cursos de capacitación y a una maestría sobre juicios orales realizados en los últimos años, se cuenta ya con los primeros abogados certificados para estas tareas, además de que se podrá aprovechar el tercer piso de la nueva Ciudad Judicial, a punto de terminarse, para instalar las oficinas correspondientes.
Aunque restan todavía cuatro años del plazo fijado por el decreto presidencial para que los juicios orales operen en el país, es posible acelerar en Jalisco este proceso si se dispone a la mayor brevedad de los recursos presupuestales necesarios.
El presidente del STJE dialogará con los miembros de la nueva Legislatura local y con el gobernador electo, Aristóteles Sandoval, para tratar de destrabar la cuestión presupuestal y apresurar con ello la implantación del sistema antes del plazo fijado por el decreto presidencial.
A nivel nacional se requerirán 25 mil millones de pesos para arrancar el programa, un presupuesto que se antoja elevado, pero sin duda necesario, ya que detrás de cada juez se necesitará todo un aparato burocrático que trabaje las sentencias.
La idea en Jalisco es empezar por los delitos de menor impacto, como robos sencillos y estupros, para luego avanzar en los demás hasta cubrir la totalidad.
“Nuestro sistema”, asegura el presidente del STJE, “no será una copia pirata, sino adaptada a nuestras necesidades jurídicas, cultura, educación y posibilidades”. No puede esperarse otra cosa, siendo Jalisco un Estado donde tradicionalmente han florecido notables juristas.
Bienvenidos, pues, los juicios orales, que si bien no tienen como objetivo básico la agilización de la justicia, que buena falta le hace, sí el de transparentarla, ya que estos juicios serán a la vista de todos, cosa que no ocurre en los escritos. ¡Ésa es la gran diferencia!

martes, 22 de enero de 2013

Policías comunitarias contra delincuentes


Comuneros de Ayotitlán (Imagen de archivo: crónicadesociales.org)

De especial trascendencia por sus antecedentes históricos y por el futuro de la seguridad pública en Jalisco y otros estados del país, son las notas periodísticas publicadas recientemente sobre la probable creación de la Policía Comunitaria de Ayotitlán, en la Costa Sur del Estado, misma que asumirá su propia defensa en contra de los delincuentes.
Con el apoyo de autoridades locales y federales se ha programado para el próximo 11 de febrero en la cabecera municipal de Cuautitlán de García Barragán, a donde pertenece dicha comunidad indígena, la reunión que tiene por objeto crear este organismo de defensa civil.
El hecho es que ante la incapacidad de los organismos de seguridad pública municipal, estatal y federal para hacer frente a la alta incidencia de asaltos, secuestros y homicidios en Ayotitlán, sus mil 500 habitantes resolvieron defenderse por su cuenta. Los apoyan para este propósito diputados locales, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, Comisión Estatal de Derechos Humanos y Universidad de Guadalajara, entre otras autoridades.
El modelo que pretenden seguir los ayotitlenses para su Policía Comunitaria es el que ya se practica en por lo menos seis localidades del Estado de Guerrero, entre ellas Tecoanapa y Ayutla de los Libres, donde también en los últimos tiempos, ante la recurrencia de asesinatos, secuestros, extorsiones, cobros de piso y amenazas contra las familias (delitos impunes en su inmensa mayoría), establecieron sus propios organismos de seguridad, con el apoyo del Estado y de la Federación.
¿Cuáles son los antecedentes históricos que existen en México sobre esta modalidad de organización civil contra la delincuencia?
Luego de la derrota del general Francisco Villa por el Ejército federal en los combates de Celaya, a partir de 1917 se multiplicaron las Defensas Sociales organizadas en los pueblos, principalmente del Norte del país, para hacer frente al bandolerismo generado por la desintegración de las tropas villistas.
El gobierno de Venustiano Carranza no sólo permitió la organización de las milicias sociales, sino que las alentó e incluso las apoyó con armas y municiones, a cambio de que combatieran a los villistas. En casos especiales, por ejemplo, cuando hubo necesidad de erradicar a las bandas apoderadas de la Zona Huichola, en el Norte de Jalisco, el Ejército federal se sumó a las Defensas Sociales para combatirlas.
Estas Defensas, que incluían a todos los hombres adultos de cada pueblo capaces de llevar armas, no se desarrollaron en lugares donde el Gobierno tenía control firme, como en Yucatán, o donde dominaban los revolucionarios, como en el Morelos zapatista, pero sí se convirtieron en una pesadilla para los bandoleros que buscaban para ocultarse y operar impunemente las zonas más aisladas o menos vigiladas.
El resurgimiento de las ahora llamadas Policías Comunitarias confirma que el Gobierno ha sido rebasado por la delincuencia en distintas regiones del país, lo que obliga a la gente a defenderse por sus propios medios. Aprovechar la experiencia histórica que existe al respecto permitirá a las autoridades apoyarse en la gente para combatir a los delincuentes y restaurar el Estado de Derecho en esos lugares.

miércoles, 16 de enero de 2013

La deuda de Jalisco o el costo del despilfarro


Emilio González Márquez, gobernador de Jalisco (Fotografía: Héctor Hernández).

Emilio González Márquez entregará en seis semanas el Gobierno del Estado con una deuda de 16 mil 609 millones de pesos. Hace seis años, cuando tomó posesión, la deuda ascendía a 4 cuatro mil 609 millones, lo que quiere decir que la entregará triplicada, habiendo endeudado al gobierno a un ritmo de casi dos mil millones de pesos anuales.
Lo peor del caso es que esta deuda la hemos de pagar todos los jaliscienses, porque de otra manera, como ocurre con cualquier individuo o empresa que no cumple sus compromisos financieros, pues simplemente no le vuelven a prestar, exponiéndose además a que le cobren a lo “chino”, con el consecuente desprestigio, etcétera.
Ahora es cuando adquiere mayor significado aquella pública “mentada” del  gobernador a quienes le advertían sobre posibles excesos en el gasto público, lo que quiere decir que el pueblo difícilmente se equivoca; quienes se equivocan a menudo son los gobernantes que carecen de la sensibilidad necesaria para interpretar con la debida oportunidad los mensajes de sus gobernados.
Todos los jaliscienses, incluyendo a quienes entonces lo alabaron, habremos de sufrir ahora las consecuencias del despilfarro, porque para pagar tan monstruosa deuda, no hay más remedio que ajustarse el cinturón, privándonos de cosas tan necesarias como son escuelas, hospitales, caminos, presas, redes de agua potable y tantas otras obras y acciones que requieren los pueblos para su bienestar y progreso.
Ojalá que esta lamentable experiencia sirva a los nuevos gobernantes, que están a punto de asumir sus cargos, para ejercer con el mayor escrúpulo el gasto público, aparte de que están obligados a investigar a fondo posibles malversaciones y rescatar hasta donde sea factible algún recurso de lo que ya se considera perdido, porque recuérdese que no sólo está en quiebra financiera el Gobierno del Estado, sino también el Poder Legislativo, donde hay cuentas por aclarar, así como muchos ayuntamientos.

martes, 8 de enero de 2013

Día Nacional del Periodista


El Despertador Americano, primer periódico insurgente de América.


A raíz de que el Presidente Enrique Peña Nieto felicitó a través de su cuenta de Twitter a los periodistas mexicanos por el Día Nacional del Periodista, el pasado 4 de enero, el colega Teodoro Rentería Arróyave se dio a la tarea de investigar los antecedentes de esta celebración, específicamente en lo referente a la fecha escogida para la misma.
¡Oh sorpresa!, con todo y que fue y es bien recibida la felicitación presidencial, Rentería Arróyave encontró que no existe en nuestro país nada que indique que los informadores mexicanos hayan escogido el 4 de enero para celebrar su día, como tampoco un decreto oficial que así lo establezca.
En su comentario enviado desde Matamoros, Tamaulipas, el apreciable comunicador dice que estuvo ahí el 4 de enero para celebrar con los colegas tamaulipecos el Día del Periodista, como lo vienen haciendo localmente desde hace 63 años para conmemorar el aniversario de la Unión de Periodistas Democráticos (UPD).
Sin embargo, respecto a la felicitación de Peña Nieto, la Presidencia de la República aclaró que respondía a la fecha fúnebre del periodista Manuel Caballero, considerado como el iniciador del reporterismo en México.
Por consiguiente, hay hasta aquí dos motivos diferentes para considerar como Día del Periodista el 4 de enero, pero además cabe recordar que hasta el año 2001 el Gobierno de México celebró el Día de la Libertad de Prensa el 7 de junio, por iniciativa del coronel José García Valseca, dueño de la cadena de periódicos que llevaba su nombre.
Posteriormente, el gremio empezó a festejar como Día del Periodista el 3 de mayo, día que Naciones Unidas dedica a la Libertad de Expresión.
Lo anterior, aparte de que cada país celebra su Día Nacional del Periodista, en reconocimiento a un comunicador ilustre o por la publicación de su primer diario o semanario.
Con estos antecedentes, salta a la vista la confusión imperante en México, ya que  en resumidas cuentas, nadie sabe a ciencia cierta si el Día del Periodista es el 4 de enero, el 7 de junio o el 3 de mayo, por lo que Rentería Arróyave concluye que sería muy valioso que el Presidente Peña Nieto abriera una consulta nacional, exclusivamente entre los periodistas, para fijar una apropiada y significativa fecha para este festejo.
En lo particular me adhiero desde luego a esta iniciativa y propongo que se considere en dicha consulta el 20 de diciembre, día en que por indicaciones del libertador Miguel Hidalgo apareció en 1810 en Guadalajara El Despertador Americano, primer periódico insurgente de América. Esta fecha es altamente significativa para la libertad de expresión en México y en el mundo, ya que en ese mismo mes decretó Hidalgo en esta ciudad la Abolición de la Esclavitud, mucho antes de que lo hiciera la inmensa mayoría de los países.

jueves, 3 de enero de 2013

Las leyes son para cumplirse


¿Cómo está eso de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no ejerció en 2012 los 10 millones de pesos correspondientes al Seguro del Desempleo, a pesar de que el Congreso del Estado aprobó ese recurso en el Presupuesto de Egresos y de que la propia dependencia publicó en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco las reglas de operación de ese concepto, con lo cual se dejó de beneficiar a desempleados y empresas que recortaron personal en ese año?
El secretario del Trabajo, Ernesto Espinosa Guarro, había dicho que no se pudieron ejercer estos recursos porque el Congreso no hizo las reglas de operación, pero luego se comprobó que éstas sí fueron publicadas el 4 de febrero del año pasado. Y luego el funcionario, al admitir que sí se publicaron dichas reglas, argumentó que “finalmente, ante el estudio detallado no encontramos sustento en los objetivos del mismo presupuesto autorizado por el Congreso” (El Informador. 3/1/13).
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la población desempleada al tercer trimestre de 2012 fue de 189 mil 718 personas. Sin embargo, los interesados no pudieron acceder al apoyo, que preveía entregarles mil 500 pesos mensuales por un lapso de uno a tres meses.
Si leyes como ésta, debidamente aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo, no se aplican, ¿entonces para qué se hicieron?, ¿para que se adornara quién? No señores, las leyes son para cumplirse, no para lucimiento de nadie. 
Ahora todos se van a lavar las manos, como Pilatos, y aquí no ha pasado nada, como ha sucedido siempre que la autoridad incumple la ley. En un Estado de Derecho es el gobierno el que debe poner el ejemplo de respeto a la normatividad, pero si éste no lo hace, ¿qué se puede esperar?
¡Qué lamentable!