¿Cómo está
eso de que la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social no ejerció en
2012 los 10 millones de pesos correspondientes al Seguro del Desempleo, a pesar
de que el Congreso del Estado aprobó
ese recurso en el Presupuesto de Egresos y de que la propia dependencia publicó
en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco las reglas de operación
de ese concepto, con lo cual se dejó de beneficiar a desempleados y empresas
que recortaron personal en ese año?
El
secretario del Trabajo, Ernesto Espinosa Guarro, había dicho que no se pudieron
ejercer estos recursos porque el Congreso no hizo las reglas de operación, pero
luego se comprobó que éstas sí fueron publicadas el 4 de febrero del año pasado.
Y luego el funcionario, al admitir que sí se publicaron dichas reglas,
argumentó que “finalmente, ante el estudio detallado no encontramos sustento en
los objetivos del mismo presupuesto autorizado por el Congreso” (El Informador. 3/1/13).
Según la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la población desempleada al tercer
trimestre de 2012 fue de 189 mil 718 personas. Sin embargo, los interesados no
pudieron acceder al apoyo, que preveía entregarles mil 500 pesos mensuales por
un lapso de uno a tres meses.
Si leyes
como ésta, debidamente aprobadas por el Congreso y promulgadas por el
Ejecutivo, no se aplican, ¿entonces para qué se hicieron?, ¿para que se
adornara quién? No señores, las leyes son para cumplirse, no para lucimiento de
nadie.
Ahora todos se van a lavar las
manos, como Pilatos, y aquí no ha pasado nada, como ha sucedido siempre que la
autoridad incumple la ley. En un Estado de Derecho es el gobierno el que debe
poner el ejemplo de respeto a la normatividad, pero si éste no lo hace, ¿qué se
puede esperar?
¡Qué
lamentable!
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