Emilio González Márquez, gobernador de Jalisco (Fotografía: Héctor Hernández).
Emilio González Márquez entregará en seis semanas el Gobierno del Estado con una deuda de 16 mil 609 millones de pesos. Hace seis años, cuando tomó posesión, la deuda ascendía a 4 cuatro mil 609 millones, lo que quiere decir que la entregará triplicada, habiendo endeudado al gobierno a un ritmo de casi dos mil millones de pesos anuales.
Emilio González Márquez entregará en seis semanas el Gobierno del Estado con una deuda de 16 mil 609 millones de pesos. Hace seis años, cuando tomó posesión, la deuda ascendía a 4 cuatro mil 609 millones, lo que quiere decir que la entregará triplicada, habiendo endeudado al gobierno a un ritmo de casi dos mil millones de pesos anuales.
Lo peor del
caso es que esta deuda la hemos de pagar todos los jaliscienses, porque de otra
manera, como ocurre con cualquier individuo o empresa que no cumple sus
compromisos financieros, pues simplemente no le vuelven a prestar, exponiéndose
además a que le cobren a lo “chino”, con el consecuente desprestigio, etcétera.
Ahora es
cuando adquiere mayor significado aquella pública “mentada” del gobernador a quienes le advertían sobre
posibles excesos en el gasto público, lo que quiere decir que el pueblo
difícilmente se equivoca; quienes se equivocan a menudo son los gobernantes que
carecen de la sensibilidad necesaria para interpretar con la debida oportunidad
los mensajes de sus gobernados.
Todos los
jaliscienses, incluyendo a quienes entonces lo alabaron, habremos de sufrir ahora las consecuencias del despilfarro, porque
para pagar tan monstruosa deuda, no hay más remedio que ajustarse el cinturón,
privándonos de cosas tan necesarias como son escuelas, hospitales, caminos,
presas, redes de agua potable y tantas otras obras y acciones que requieren los
pueblos para su bienestar y progreso.
Ojalá que
esta lamentable experiencia sirva a los nuevos gobernantes, que están a punto
de asumir sus cargos, para ejercer con el mayor escrúpulo el gasto público,
aparte de que están obligados a investigar a fondo posibles malversaciones y
rescatar hasta donde sea factible algún recurso de lo que ya se considera
perdido, porque recuérdese que no sólo está en quiebra financiera el Gobierno
del Estado, sino también el Poder Legislativo, donde hay cuentas por aclarar,
así como muchos ayuntamientos.
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