Da lástima y vergüenza el Congreso de Jalisco

Mural a la entrada del recinto legislativo del Congreso del Estado. 

Sin precedente histórico la corrupción y el desprestigio del Congreso del Estado de Jalisco, convertido durante las dos últimas legislaturas en botín de gandallas. Tal es el desorden imperante que los nuevos diputados no hallan la manera de corregirlo y seguramente no la encontrarán si, igual que sus antecesores, continúan siendo incondicionales de sus respectivos partidos y no de la gente que los eligió en las urnas.

Lo que sucede en el Congreso local no es más que una muestra del ruinoso estado en que se encuentra la moral pública en México.

Entre las muchas definiciones de moral pública, todas ellas coincidentes, figura la siguiente: Conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible tanto a la comunidad como a cada uno de sus miembros el logro más fácil de su propia perfección.

A través de su historia, México ha tenido notables altibajos en su moral pública. Los niveles más altos se alcanzaron obviamente en las épocas correspondientes a los tres grandes movimientos sociales que dieron perfil a la nación: Independencia en 1810, Reforma en 1857 y Revolución en 1910.

En este momento nuestro país atraviesa por uno de sus más bajos niveles de moral pública de su historia, ¿por qué?, porque no hay congruencia entre lo que postulan los políticos y lo que en realidad hacen, todo lo contrario a lo que ocurría en las épocas de referencia.

Hay un abismo entre los lemas de los partidos políticos del país y lo que éstos ejecutan a través de los congresos federal y locales, en los ayuntamientos y en otras muchas esferas del gobierno, donde impera la corrupción, la injusticia y la impunidad.

En el caso del PRI, su lema es “Democracia y justicia social”, ¿pero sus legisladores en México y en Jalisco han sido realmente respetuosos de este principio al aprobar una Reforma Laboral contraria a la transparencia y democracia sindical, además de mantener hundido en la peor corrupción de su historia al Congreso del Estado?

A su vez, el PAN dice luchar “Por una patria ordenada y generosa”, ¿pero deveras creen los legisladores panistas federales y locales que han promovido el orden y progreso de la República con su voluble actuación en las Cámaras y la pasividad demostrada ante graves casos de corrupción e ineficiencia en distintas dependencias?

Por su parte, el PRD postula “Democracia ya, patria para todos”. Si bien sus legisladores respaldaron la iniciativa de democracia sindical en el Congreso federal, ¿qué han hecho para dignificar el Congreso de Jalisco?, ¿no son acaso promotores y cómplices del beneficio personal que ahí impera?, ¿a eso le llaman patria para todos?

Flota en el ambiente la urgencia de una nueva revolución, una revolución moral que genere cambios fundamentales en la vida pública, donde la democracia sea efectiva en todos los ámbitos, que en realidad impere la justicia y el orden y que la patria sea verdaderamente generosa para todos, no sólo para unos cuantos gandallas.

Bienvenida la Revolución Educativa

Junto con la injusticia social y sus secuelas de marginación y pobreza, la raíz de los grandes males de México hemos de encontrarla en el pésimo sistema educativo, dominado desde hace décadas por la insensatez, la corrupción, el desorden y la incompetencia.

Problemas tan graves como el narcotráfico, que ha enlutado a decenas de miles de hogares, no tienen otro origen que las fallas en la educación de niños y jóvenes mexicanos, así como en la falta de oportunidades para trabajar y vivir honradamente.

Por lo anterior es muy satisfactorio que finalmente el Gobierno de la República se haya decidido a realizar una verdadera Revolución Educativa, que como dijera el Presidente Enrique Peña Nieto, “abrirá las puertas a los mejores educadores del país”.

La rectoría educativa de México no estará más en manos de líderes corruptos, que con la mayor desvergüenza han pretendido ejercerla indefinidamente.

La infancia perdida de los narcos

Ni modo, esta vida nos tocó vivir es el título de un libro muy revelador sobre el tema, recién presentado en Guadalajara por el escritor y periodista español Joan Carlos Guisado, quien abunda sobre el medio hostil en que nacen y crecen los niños de vecindades y de colonias paupérrimas de cualquier ciudad mexicana, rechazados muchas veces no sólo por sus familias, sino también por los demás niños de su edad con mayores recursos y hasta por las escuelas de sus barrios.

¿Qué puede esperarse de los niños criados en estos ambientes, donde no conocieron la alegría de recibir un juguete en Navidad ni un regalo de Reyes, y a medida que pasan los años siguen padeciendo la hostilidad, la injusticia del medio, pero en cuanto pueden valerse por sí mismos no faltan “amigos” que les brindan dinero y poder, además de un sentido de identidad y de pertenencia que la sociedad jamás les ofreció?

La obra de Joan Carles Guisado, presentada en forma de novela, narra la difícil infancia de estos seres nacidos en la oscuridad y que poco a poco escalaron los peldaños de la delincuencia organizada hasta convertirse en capos de traficantes de drogas y de armas, donde manifiestan, también desde la oscuridad, todo el rencor social que el lector sobradamente conoce.

Así las cosas, el programa educativo anunciado por el Gobierno de México viene a dar respuesta de fondo a este problema, que desde luego habrá que combatir también en su origen con suficientes centros de recreación para niños y jóvenes, tanto en la ciudad como en el campo, así como amplia capacitación en todos los niveles y múltiples y variadas oportunidades de trabajo.

Peña Nieto y la esperanza renovada

                   Enrique Peña Nieto, presidente de México.

Cada seis años  los mexicanos depositan sus esperanzas de mejoras económicas y sociales en el nuevo Presidente de la República. Enrique Peña Nieto, recién ungido como primer mandatario para el sexenio 2012-2018,  no es la excepción de la regla. La mayoría de mexicanos, incluso muchos de quienes no votaron por él, confían en que su gobierno aliviará los grandes problemas nacionales.

Hubo grupos minoritarios que, inconformes con la elección, se manifestaron violentamente contra el nuevo régimen. En cualquier sistema democrático la inconformidad es bienvenida porque permite ir corrigiendo posibles errores en las acciones de gobierno. Toda oposición encauzada dentro de la ley no sólo es tolerable, sino deseable. Sin embargo, cuando se traduce en actos vandálicos, no sirve para nada.

Peña Nieto ha venido a alimentar la esperanza de bienestar nacional en cinco ejes fundamentales que tienen que ver, el primero, con la seguridad pública, un problema sumamente grave que no se había manifestado con tanta virulencia desde tiempos de la Revolución, hace más de 80 años. Decenas de miles de muertos, entre ellos muchos inocentes, han pagado las consecuencias de este dramático ambiente.

Algo que llama la atención en la nueva política de seguridad de Peña Nieto es que, a diferencia de su antecesor, no busca frenar la violencia con la violencia misma, sino con inteligencia, procurando desactivar los conflictos antes de que hagan crisis. Ésta es la función fundamental de los políticos, no solamente mexicanos, sino de todo el mundo: prevenir, es decir, resolver los problemas antes de que se vuelvan incontrolables.

El segundo eje de su programa es combatir la desigualdad social, la pobreza y el hambre, apoyando con recursos económicos, pero también con leyes, a quienes menos tienen.

El tercer eje gira sobre la educación de calidad, indispensable para brindar oportunidades de capacitación a los jóvenes que tienen todo el derecho de ganarse honradamente la vida.

Seguido del anterior viene el cuarto punto, que es el fomento a la inversión privada para crear fuentes de trabajo, impulsando, por ejemplo, las obras de infraestructura en transportes que permitan la instalación y operación de nuevos negocios.

Finalmente, algo también importante, la recuperación del prestigio  de México en el exterior. Recuérdese que en el pasado, México fue llamado  “hermano mayor” entre los países latinoamericanos, honroso título que se perdió en los últimos lustros debido a los repetidos desatinos del gobierno.

Todo parece estar bien: un nuevo gobierno decidido a reasumir el rumbo correcto y una inmensa mayoría de mexicanos que confía en la realización de este programa. Lo único que yo agregaría es no caer en el error de que el Presidente lo puede todo, porque ni es Dios ni están dadas las condiciones para que maneje a su antojo la política nacional como lo hicieron sus correligionarios que lo antecedieron en la Presidencia. Ahora sí es labor de todos los mexicanos lograr que el Presidente tenga éxito, y si él lo tiene, seguramente lo tendrá el país.

El ABC de la transparencia

  Guillermo Muñoz Franco.

Con la Feria Internacional del Libro, Guadalajara se ha convertido en estos días en la capital de los libros. Uno de ellos es La transparencia como una forma de vida, escrito por el doctor en Ciencias Políticas y Sociología, Guillermo Muñoz Franco,  consejero fundador del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco.

La transparencia es un tema relativamente novedoso en nuestro medio, ya que la ley que la regula en Jalisco data de apenas siete años, y la mayoría de la gente ignora sus aplicaciones y beneficios.

La propia ley define la transparencia como “el conjunto de disposiciones y actos mediante los cuales los sujetos obligados tienen el deber de poner a disposición de las personas solicitantes la información pública que poseen y la toma de decisiones de acuerdo con su competencia, así como las acciones en el ejercicio de sus funciones”.

La transparencia como una forma de vida es un breve manual de 160 páginas escrito en forma sencilla, comprensible para la mayoría de los lectores, que trata precisamente de los antecedentes históricos de la transparencia, sus conceptos y su marco legal, a la vez que destaca el derecho de acceso a la información.

El doctor Muñoz Franco aborda en este documento los diversos ámbitos de la transparencia: el sector público, el medio ambiente, la iniciativa privada, la vida cotidiana, la educación, el deporte, la participación ciudadana y la protección de datos personales y archivos.

De gran actualidad es el capítulo relativo a los riesgos de las redes sociales y virtuales, como la suplantación de identidad que consiste en apoderarse del perfil, de la cuenta de una persona en la red social, y meter en ella información que la pueda comprometer.

En este libro el servidor público, el empresario, el estudiante, el trabajador y el ciudadano en general puede encontrar puntual respuesta a sus inquietudes sobre el tema.

El objetivo, dice el autor, es “incrementar el número de lectores y seguidores activos preocupados e interesados en los asuntos públicos, que conozcan más sobre el derecho a la información y sean parte activa y actuante del acontecer cotidiano  de nuestro estado y nuestro país”.

Si el apreciable lector desea mayor información sobre este volumen, editado por Zahorí Editores, bajo el cuidado de Lorenzo Figueroa,  puede comunicarse con su autor a esta dirección:

guillermo_mf@yahoo.com.mx

Sin iniciativa la Iniciativa Privada de Jalisco

Todo indica que la llamada Iniciativa Privada de Jalisco se ha quedado sin iniciativa. Esto se refleja claramente en el número de empresas jaliscienses que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, que son apenas siete contra 17 de Monterrey (seis de las cuales ingresaron recientemente al mercado bursátil).

Esto ocurre en Jalisco, a pesar de las evidentes ventajas que representa la participación en la Bolsa: Facilidad de financiamiento, mayor liquidez, profesionalización de la administración de la empresa, mejora de la imagen y prestigio, diversificación del riesgo entre los poseedores de las acciones, y por ende, mayor oportunidad de crecimiento, entre las principales.

Grupo de Embotelladores Unidos (Geopec), Grupo Simec, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), Corporativo Fragua, Megacable Holdings (Mega), Convertidora Industrial (Conver) e Hilasal Mexicana (Hilasal) son las empresas de Jalisco que hasta ahora participan en el mercado accionario.

Los activos de estas siete compañías suman 113 mil 148 millones de pesos, que representan 2.55 por ciento del total de los activos de las 104 emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores.

Resalta, sin embargo, su alta contribución en la generación de empleos, ya que durante el segundo semestre del año pasado y el primero del presente, crearon cuatro mil 800 nuevos puestos de trabajo, destacando en este rubro Farmacias Guadalajara y Megacable.

La primera empresa jalisciense colocada en el mercado bursátil fue Geopec, el 9 de septiembre de 1985, en tanto que la más reciente, GAP, ingresó el 11 de julio de 2007.

En el pasado hubo varios intentos de empresas jaliscienses que buscaron financiamiento por este conducto, como fue el caso de Calzado Canadá y del Grupo Urrea, pero nunca se decidieron a cotizar.

Claro está que no es tan sencillo el paso de una empresa particular y familiar a una pública; las que lo han logrado ha sido a través de un proceso prolongado y difícil, ya que para ello se requiere, aparte de una alta cultura empresarial, romper atavismos y transparentar la administración del negocio, no a la manera del dueño, sino como solicita la Bolsa.

Lo curioso es que ni siquiera la reciente formalización de operaciones del mercado accionario para la Mediana Empresa Mexicana, que abre nuevas oportunidades de ingreso a la Bolsa para las medianas compañías, ha sido estímulo suficiente para que los jaliscienses se animen a modernizar sus negocios. No cabe duda que la baja moral que domina al sector público ha contaminado también al privado.

Transporte urbano, ¡Ya basta de simulaciones!

             Ante la emergencia, la gente se transporta en patrullas de policía.

Hace más de tres décadas que se encuentra en crisis el sistema de transporte urbano de Guadalajara, la segunda ciudad más importante de México, y ningún gobierno, panista o priísta, ha podido ni ha querido resolver el problema de fondo. Los paros camioneros, como el ocurrido el lunes, están a la orden del día, en perjuicio de toda la ciudad. ¿Y las autoridades? Bien, gracias.

La cuestión no es tan complicada: los concesionarios del transporte hacen paros del servicio porque el Gobierno les regatea aumentos en los precios del pasaje. Esto sucede sistemáticamente desde hace más de 30 años, ya que por una parte los transportistas quieren aumentar sus utilidades, y por la otra, el Gobierno pretende defender el interés público resistiéndose al aumento, cuando en realidad también lo busca.

Mientras tanto, en estos 30 años los sucesivos gobiernos no han hecho otra cosa que experimentar con diversos sistemas para mejorar el transporte urbano, como fue el caso de los trolebuses en los años 70 y del Tren Ligero en los 80 y 90, pasando por la creación y operación de empresas públicas, microbuses, macrobuses, choribuses, etcétera. Todo, menos un plan de largo plazo para crear un transporte masivo, económico y eficiente.

Pero tampoco la iniciativa privada, en este caso muy falta de iniciativa, ha hecho propuestas concretas, con aportaciones financieras, para crear el sistema de transporte masivo que la ciudad reclama. Los empresarios involucrados en esta rama, muchos de ellos políticos, se conforman con las utilidades que les rinden sus diez, 20 o 50 camiones, con frecuencia destartalados, pura chatarra, y ni siquiera imaginan la posibilidad de formar una sociedad con el Gobierno para modernizar el servicio.

Fue en los años 20 del siglo pasado cuando empezó a estructurarse el actual sistema de transporte urbano de Guadalajara, a la sombra de líderes que ya murieron y que incluso se encuentran en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, como lo es Heliodoro Hernández Loza. En otras palabras, ya vamos para un siglo soportando este anacrónico sistema, con el consabido jueguito de “si no me aumentas la tarifa, te hago un paro”, y tras el paro, viene el obligado aumento. ¿Cuánto tiempo más aguantarán los tapatíos estas simulaciones?

Comercio informal, cuestión de orden

El problema del comercio informal en Guadalajara es ciertamente complejo, pero se le han dado demasiadas vueltas, sin llegar al fondo de las cosas. Lo cierto es que ningún gobierno municipal ha sabido resolverlo, y por lo contrario, crece desmesuradamente desde hace décadas.

Es necesario atacar desde luego los problemas estructurales que provocan la informalidad comercial, pero como esto sólo funciona a largo plazo, se requieren soluciones a corto y mediano plazo, que por lo menos frenen o alivien el desorden existente.

Empecemos por recordar las causas fundamentales del comercio informal:

La primera es la falta de oportunidades de empleo en el sector formal, con un salario remunerador y buenas condiciones de trabajo, sobre todo para los jóvenes.

La segunda es la complejidad de los trámites burocráticos para abrir una empresa y sus elevados costos, de suerte que los pequeños emprendedores se ven obligados a generar su propio empleo en la informalidad.

La tercera tiene que ver con el bajo poder adquisitivo de la población y sus magros ingresos laborales, de manera que muchos consumidores se ven también obligados a adquirir sus artículos de primera necesidad en el comercio informal.

El cuarto factor se relaciona con la debilidad del Estado de derecho en México, acentuada por la impunidad, la corrupción y la complicidad de las autoridades en la aplicación de las leyes que rigen, en este caso, la actividad comercial.

El problema, como puede advertirse, no es sencillo, pero tampoco insoluble. Lo grave es que si se pretende resolver por medios violentos, como en ocasiones se ha intentado, haciendo uso de la fuerza pública para desalojar a los comerciantes ambulantes de determinados lugares, pueden generarse conflictos sociales y políticos, porque el comercio informal representa en los hechos una válvula de escape que previene la ingobernabilidad. De esto se han aprovechado líderes y políticos que explotan la necesidad de los pequeños emprendedores ofreciéndoles protección a cambio de dinero y de votos.

Lo cierto es que la gente tiene derecho a ganarse la vida, y si no puede hacerlo por los medios formales, no le queda más remedio que recurrir a la informalidad.

Ante cualquier circunstancia la autoridad está obligada a mantener el orden público, y si los comerciantes informales se instalan en cualquier lugar en busca de clientes, afectando con ello derechos de terceros, es necesario reubicarlos, ¿pero en dónde?

En este caso, como principio de orden, hay que cambiar la idea de que el comerciante tiene que ir necesariamente en busca del cliente, es decir, al Centro Histórico, la zona de Obregón, la Avenida Chapultepec, etcétera. Lo importante es que el cliente vaya a donde está instalado el comerciante. Para ello los gobiernos municipales deben reubicar a los tianguistas en áreas especiales dotadas de los necesarios servicios públicos, con toda la promoción y el apoyo necesario para el éxito de sus negocios.